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Empresas japonesas se suman a preocupación de Amcham y Britcham por Reforma Laboral.

Suman y siguen los reparos de los inversionistas extranjeros que operan en Chile al proyecto de Reforma Laboral que hoy se encuentra en su etapa final de discusión en el Senado.

Hace unos días un grupo de empresas japonesas con filiales en el país, conformado por Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Itochu y Sumitomo, enviaron una carta firmada por todos los máximos ejecutivos locales de esas firmas a los ministerios de Economía y de Hacienda, con aprensiones a la iniciativa legal que fortalece el proceso de negociación colectiva y el sindicalismo.

Según estadísticas del Banco Central, entre los años 2009 y 2013 ingresaron al país US$ 3.832,5 millones de capitales nipones, lo que se tradujo en un 3,8% de participación en el total de inversión extranjera directa.

La misiva de los ejecutivos japoneses se añade a los reparos que también ya plantearon al Gobierno la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio (Amcham) -que representa a firmas de la talla de Coca-Cola, Walmart, General Motors, MasterCard y Microsoft- y la Cámara Chileno Británica de Comercio, A.G. (Britcham), que agrupa a los gigantes mineros Anglo American, BHP Billiton y Antofagasta Minerals, y a British American Tobacco.

Según una fuente cercana al proceso, el contenido de la misiva conjunta de Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Itochu y Sumitomo, cuestiona uno de los puntos esenciales del corazón de la Reforma Laboral: el no reemplazo de trabajadores en caso de huelga.

En ese plano, tomando como referencia la situación de los países OCDE que también expusieron al Ejecutivo los gremios que agrupan a las empresas estadounidenses y británicas, las firmas niponas destacan que en casi todas las economías desarrolladas existe al menos la sustitución con empleados internos en caso de paralización, figura que hasta ahora no ha sido incorporada explícitamente por la autoridad en el proyecto de ley.

La misma fuente declara que el reparo de los inversionistas extranjeros está alineado con la estrategia del sector privado local, de buscar influir en correcciones mayores al texto legal del Ejecutivo.

Críticas por impacto de no reemplazo

La misiva de Amcham advirtió a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, que situaciones como “la huelga en términos absolutos, sin reemplazos ni descuelgues, crean un riesgo económico y operativo tan fundamental para las empresas, que las inversiones extranjeras (…) bien pueden optar por instalarse en países con regulaciones menos severas en esta materia”.

Los empresarios estadounidenses agregaron que “si bien la huelga es un instrumento legítimo de los trabajadores en un proceso de negociación colectiva, esta no puede poner en riesgo el funcionamiento absoluto de la empresa”.

En la carta, la asociación entregó además algunas propuestas para la reforma, donde apuntan a las libertades individuales de los trabajadores para afiliarse o no a un sindicato, la instauración de gobierno corporativos en los sindicatos para su regulación y transparencia -se sugiere la creación de una superintendencia sindical-, y la continuidad de las operaciones, punto en el cual demandan con “suma importancia” el reemplazo en huelga.

Por su parte, la Cámara Chileno Británica de Comercio advirtió a propósito de la participación del titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, en el Chile Day que se celebrará en Londres esta semana, que uno de los principales temas de debate “que importan a los miembros del gremio y que podría surgir durante su visita” son los cambios a la legislación de relaciones laborales en Chile.

La carta del gremio constata que “el proyecto importa un significativo incremento del poder de los sindicatos y, en particular, la necesidad de requerir su autorización para que los beneficios de la negociación colectiva se puedan extender a los trabajadores no sindicalizados. Ello, en la práctica, hará que la afiliación a un sindicato ocurra en forma casi automática”.

Advierte también que la prohibición de reanudar faenas “sin la aquiescencia del sindicato, aparece como una colectivización forzada”.

Sobre la prohibición que impediría al empleador contratar reemplazantes durante la huelga, la Cámara Chileno Británica precisa que, en la práctica, provocará que la compañía detenga sus actividades: “Lo anterior, impondrá al público, clientes, proveedores y contratistas de la empresa sacrificios y pérdidas, y afectará a la larga a toda la economía”.

Asimismo, destaca como “particularmente inquietante que el proyecto haya omitido la palabra pacífica al definir lo que es el legítimo derecho a la huelga”.

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